Pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de México, América Latina y el Caribe se pronuncian sobre la implementación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017. –

Pueblos y comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y conocer el estado de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI) en América Latina y el Caribe, denuncian que este derecho no se garantiza de conformidad con los estándares internacionales.

En México y en otros países de la región domina la captura política de los estados por parte de las empresas que privilegia el acceso a los bienes comunes naturales para las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial, a costa de los pueblos indígenas. En las iniciativas legislativas sobre consulta, tales pueblos son excluidos de los procesos políticos y, como regla general, la presión corporativa ejerce mayor influencia que sus reivindicaciones y prioridades de desarrollo. 

En algunos países se viene discutiendo la adopción de leyes sobre consulta, bajo el argumento de que su ausencia impide la implementación del referido derecho y perjudica la seguridad jurídica para las inversiones.  Nos preocupa profundamente que, en México, una ley de este tipo institucionalice la consulta como un mero trámite administrativo que atenta contra la autodeterminación de los pueblos indígenas y equiparables.   

Los pueblos y comunidades indígenas que firman este pronunciamiento destacan que los procesos de consulta que se han desarrollado en la región no han servido para garantizar sus derechos humanos. Muy por el contrario, los procesos de consulta se han convertido en espacios de legitimación y regulación de proyectos de inversión previamente negociados entre empresas y gobiernos. En general, los procesos de consulta no son previos; se han llevado a cabo cuando los proyectos de inversión ya están siendo implementados y/o aprobados. Asimismo, se han caracterizado por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, la promoción de la división comunitaria, la criminalización de líderes y lideresas, la omisión de medidas para garantizar la participación de las mujeres y de identificación de los impactos diferenciados en perjuicio de ellas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Así también los procesos de consulta no han sido procesos que se han llevado en buena fe: no se reconoce la autoridad de los representantes de las comunidades y sus procesos internos de decisión. Así también en varios casos se han reemplazado a funcionarios con los que se ha logrado llegar a acuerdos con funcionarios que no buscan el diálogo sino la imposición. Lo anterior agrava la situación de discriminación histórica y estructural que sufren los pueblos indígenas. 

Así también, cuando los pueblos obtienen sentencias judiciales que amparan sus derechos y las autoridades gubernamentales las desacatan, el poder judicial no adopta medidas para exigir el cumplimiento de las mismas. Ello ha sucedido incluso ante decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este marco denunciamos la creciente presión política y las estrategias de manipulación en las comunidades, con el fin de destruir sus procesos políticos organizativos e imponer decisiones que favorecen los intereses de terceros sobre sus territorios y bienes naturales. De esta forma, subrayamos lo siguiente:   

a) Bajo los estándares internacionales aplicables, la consulta y el CPLI es un derecho autoejecutable. Es decir, no requiere reglamentación específica a través de ley para que surta efectos inmediatos y sea implementado por las autoridades estatales;

b) Algunos aspectos de los proyectos de ley en discusión en los países de la región ya se encuentran normados en tratados y jurisprudencia de cortes constitucionales, de la Corte Interamericana y de otros órganos supranacionales de derechos humanos;

c) Varias organizaciones y pueblos indígenas en la región han manifestado su preferencia por otros mecanismos de implementación de la consulta y CPLI, tales como los protocolos comunitarios de autoconsulta y la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales vigentes;

d) La adopción de una ley específica es un ejercicio improductivo si los gobiernos no asumen políticas públicas pautadas en el verdadero respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Véase, por ejemplo, la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en México y Honduras, luego de la adopción de leyes específicas para protegerlos;

e) Los mismos gobiernos que defienden la adopción de leyes sobre consulta han flexibilizado los requisitos ambientales y sociales para la concesión de proyectos de inversión en territorios indígenas, vulnerando además el derecho de acceso a la información en el marco de los procesos de consulta;

f) Las leyes o decretos adoptados en algunos países, así como los proyectos legislativos en discusión, restringen el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento previo libre e informado, el cual es expresamente reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia internacional;

g) Si uno de los fundamentos para la adopción de una ley es brindar seguridad jurídica, cabe recordar que, como regla general, los pueblos indígenas carecen de la debida titulación sobre sus territorios. La inseguridad jurídica que afecta de forma más grave a tales pueblos no es la inexistencia de reglas claras sobre consulta previa, sino la ausencia de políticas estatales para demarcar y titular los territorios tradicionales, en común acuerdo con los pueblos y comunidades.

Finalmente, reafirmamos que la autodeterminación debe ser el punto de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales. Exigimos que los Estados respeten los espacios de organización y deliberación internas de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a definir sus prioridades de desarrollo en esos espacios debe regir cualquier actuación estatal.      

Alcaldia Indígena de San Juan Cotzal, Departamento del Quiché,  Guatemala

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco

AIDA

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto

Centro Alexander von Humboldt (Nicaragua)

Colectivo Abogad@s

Colectivo MA OGM

Colectivo Apícola de los Chenes

Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta

CooperAcción

Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil

Cooperativa Chac-Lol

Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

Derechos a la Tierra YA!

EDUCA

Fundación para el Debido Proceso

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

LAVIDA

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida 

Oxfam México

PODER

ProDESC

Asamblea del Pueblo Guarani de Bolivia

Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPEE)

Servicios y Asesoría para la Paz

Tequio Jurídico A.C.

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Mujeres indígenas del Ecuador en el arranque del Foro Consentimiento Libre e informado y Autodeterminación.

 

“A los pueblos les interesa el consentimiento. A las empresas les interesa la consulta” sentencia el Dr. Rodrigo Gutiérrez, especialista en investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con palabras fuertes y críticas sobre el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas, ha iniciado la reunión de un centenar de voceros y dirigentes indígenas de América Latina así como de integrantes de numerosos organismos civiles, reunidos en el Foro Consentimiento Libre e informado y autodeterminación.

 

La discusión es especializada, ya que todos quienes participan han pasado largos años de lucha en la defensa de sus territorios, en medio de una intensa oleada de inversiones de mineras, inmobiliarias y agro-corporaciones que desembocan en numerosos conflictos a lo largo y ancho de América Latina. Hablan las voces de los pueblos del Perú,  Bolivia, Ecuador, Guatemala y México quienes como una de sus estrategias de defensa, deliberan sobre las condiciones en que se realizan las consultas a sus pueblos, organizadas desde los Estados nacionales, cumpliendo su obligación como lo marcan los tratados internacionales, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

Una a una de las experiencias y de los especialistas de buena parte del continente, muestran un panorama desolador, en el que los distintos gobiernos, utilizan la consulta más por cumplir el requisito legal que teniendo verdadera voluntad de incluir a los pueblos; escamotean el derecho internacional, disminuyendo la protección de los pueblos; incluso manipulan el procedimiento para favorecer a los inversores en detrimento de los derechos y voluntad indígenas.

 

La discusión es parte de la defensa política y jurídica de los pueblos y sus territorios. Evaluar la conveniencia de las consultas, que generalmente han sido usadas para legitimar el desarrollo de megaproyectos depredadores, y también deliberar distintos puntos de vista sobre los impactos que podría ocasionar la reglamentación y elaboración de los protocolos, es un tema difícil.

 

El Foro, organizado y convocado por varios organismos civiles entre ellos OXFAM,se realiza en el marco mexicano e intentos gubernamentales de normar protocolos de consulta. “Uno de los posibles peligros de la creación de normatividad en el derecho a la consulta es la reducción del espectro de protección a los pueblos y sus territorios al pasar por los congresos donde los pueblos indígenas no están representados” dice en su intervención César Gamboa, integrante de Derechos, Ambiente y Recurso Naturales, especialista de Perú.

 

En México hay todavía más desconfianza, por la situación estructural de la justicia y el Estado que se vive: “Leyes terribles, prácticas de consulta espantosas y dictámenes judiciales innombrables. Esto es hoy México” recuerda Rodrigo Gutiérrez.

 

Y es que en el fondo de la discusión, se encuentra la discusión de un instrumento de defensa jurídico frente al enorme poder del Estado y del mercado mundial. Y en el fondo se discute como dice Ronald Andrés Caracá, capitán de la Autonomía Indígena Charagua Norte de Bolivia, quien en su lengua dice muy claro el problema que está detrás: LA TIERRA NO TIENE DUEÑO.

 

 

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